El sector turístico dejó de matizar el discurso. Frente a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso del patrimonio cultural, empresarios, hoteleros y organismos del Caribe Mexicano fijaron una postura común: sin certeza jurídica, el turismo cultural -uno de los pilares de México- entra en zona de riesgo.

No es una reacción aislada. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE del Caribe), el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) y ahora la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya coinciden en el diagnóstico: el país enfrenta un punto de inflexión donde se define cómo se protege, se utiliza y se proyecta su patrimonio cultural dentro de la industria turística.

El caso de Grupo Xcaret detonó la discusión. Pero el sector es claro: lo que está en juego no es una empresa, es el modelo turístico.

Desde la Riviera Maya, la Asociación de Hoteles lanzó el posicionamiento más frontal hasta ahora. Respaldó abiertamente a Grupo Xcaret, al que reconoce como un referente global en la promoción y dignificación de la cultura maya, no solo desde el entretenimiento, sino a partir de un trabajo estructurado con comunidades, preservación de tradiciones y proyección internacional de la identidad mexicana.

El organismo pone ejemplos concretos: iniciativas como el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, el vínculo directo con representantes mayas y la integración de comunidades en la cadena de valor turística como parte de un modelo que -afirman- ha logrado equilibrar cultura, desarrollo y proyección global.

Pero el respaldo viene acompañado de una advertencia de alto calibre.

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya señala el riesgo de que la promoción turística de la cultura mexicana sea objeto de interpretaciones que deriven en su “criminalización”. El problema, insisten, no es la protección del patrimonio -que califican como irrenunciable- sino la ausencia de criterios claros que definan su uso.

Ese vacío, advierten, ya genera incertidumbre jurídica. Y esa incertidumbre tiene consecuencias directas.

Desde el Caribe Mexicano alertan que proyectos estratégicos del propio Estado podrían verse comprometidos. El Tren Maya, sus hoteles operados por SEDENA y toda la narrativa turística construida alrededor de la identidad maya dependen, precisamente, del uso y proyección del patrimonio cultural.

Si ese uso queda en una zona gris, el impacto no será solo legal: será económico.

En paralelo, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe refuerza la misma línea. Advierte que limitar la difusión cultural desde el turismo sería una medida contraproducente que debilitaría uno de los principales atributos que posicionan a México a nivel global: su riqueza cultural. 

El mensaje se alinea con el del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que insiste en que la falta de definiciones claras pone en riesgo inversión, empleo y desarrollo regional en una de las zonas más dinámicas del país.

De fondo, el sector coincide en una idea que rompe con la narrativa restrictiva: el turismo no es una amenaza para la cultura, es uno de sus principales aliados.

A través de experiencias, festivales, rutas y productos turísticos, el patrimonio no solo se preserva, también se convierte en una fuente de ingresos para las comunidades que lo resguardan. Limitar esa dinámica -subrayan- podría excluirlas de la cadena de valor que hoy les permite sostener y proyectar su legado.

Por eso, el llamado es directo y sin rodeos.

El sector exige reglas claras, criterios consistentes y un marco jurídico que permita operar con certeza. No para flexibilizar la protección, sino para hacerla viable dentro de un modelo turístico que ha demostrado capacidad de generar desarrollo.

Porque, advierten, el riesgo ya no es teórico.

Si la incertidumbre se instala, México no solo compromete inversiones y proyectos: pone en juego su capacidad de seguir contando su historia al mundo.