Quintana Roo vuelve a encender las alertas dentro de la industria turística. Esta vez, por la propuesta del Gobierno del Estado de incrementar 25% el cobro del VISITAX y, además, trasladar a hoteles y prestadores de servicios turísticos la responsabilidad de retener y gestionar este pago. Una iniciativa que, según el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, no solo genera incertidumbre jurídica, sino que amenaza directamente la competitividad del destino turístico más importante del país.

Desde la perspectiva del sector, la medida lejos está de fortalecer la recaudación. Por el contrario, vulnera la estabilidad de un engranaje económico que sostiene a más de 138 mil habitaciones, 303 mil empleos directos y más de 400 mil indirectos. Un motor que requiere certeza, reglas claras y esquemas operativos funcionales para seguir atrayendo inversiones y mantener al Caribe Mexicano como líder absoluto en captación de divisas.

Una iniciativa que va en sentido contrario al Plan México

El Consejo Hotelero advierte que la propuesta contradice los principios del Plan México, iniciativa que busca mejorar la percepción internacional del país, disminuir cargas al visitante y fortalecer la confianza en el sector como plataforma estratégica de desarrollo.

En un momento en el que grandes competidores turísticos del Caribe y del mundo reducen cargas fiscales para estimular la demanda, pretender encarecer la visita y dispersar el cobro en miles de establecimientos coloca a México en clara desventaja.

La región—altamente sensible a los incrementos de costos—podría resentir el impacto en reservas, especialmente en mercados que hacen comparativos directos entre destinos.

Un esquema operativamente inviable

El documento detalla un punto crítico: los hoteles no pueden ajustar tarifas ni incorporar nuevos cargos cuando estas ya están negociadas con meses de anticipación a nivel internacional.

Además, dispersar el cobro entre miles de prestadores—desde grandes resorts hasta pequeños operadores locales—abre la puerta a inconsistencias, confusión en el viajero, riesgos de cobros indebidos y fricciones que afectan la experiencia en destino.

El resultado, advierte el organismo, sería inmediato: afectaciones operativas, no mayor recaudación. 

Golpe desproporcionado al modelo multidestino y a negocios familiares

La medida impactaría especialmente a destinos como Bacalar o Chetumal, donde el monto del impuesto para una pareja podría equivaler al costo de casi una noche de hospedaje.

Esto afecta directamente a hoteles accesibles, pequeñas hospederías y negocios familiares, poniendo en riesgo el modelo multidestino que caracteriza al Caribe Mexicano y que distribuye la derrama turística entre comunidades diversas del estado.

Advertencia sobre riesgos legales e inconstitucionalidad

El Consejo Hotelero subraya además que la iniciativa vulnera principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad. La jurisprudencia de la Suprema Corte establece que la responsabilidad solidaria solo procede cuando existe una relación directa con el hecho imponible.

Pretender que hoteles recauden un impuesto relacionado con infraestructura pública—ajena al servicio de hospedaje—representa una delegación indebida de facultades del Estado y podría considerarse inconstitucional. 

Llamado urgente a las autoridades

El organismo hotelero reitera su compromiso con el desarrollo de Quintana Roo, pero advierte que no a costa de la viabilidad del sector.

El llamado es claro: reconsiderar la iniciativa, proteger la base económica del turismo y construir un esquema que realmente fortalezca al estado sin afectar visitantes, trabajadores, inversionistas y prestadores de servicios.

“Insistir en esta propuesta —señalan— vulnera la certeza jurídica y económica del principal motor turístico del país”. 

Un sector unido por la certidumbre y la competitividad

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano integra a las asociaciones de hoteles de Cancún, Puerto Morelos, Costa Mujeres, Riviera Maya, Tulum, Holbox, Chetumal, Bacalar y Cozumel, representando un bloque fundamental para la economía nacional.

Su postura refleja una preocupación compartida por toda la cadena de valor turística: asegurar que el Caribe Mexicano siga siendo un destino competitivo, accesible, confiable y con reglas claras para continuar generando empleo, inversión y bienestar.