Durante los años ochenta, México atravesó una crisis económica que obligó al gobierno a revisar el futuro de sus empresas públicas. La aviación comercial entró en esa discusión. Aeroméxico y Mexicana de Aviación, dos compañías esenciales para la conectividad del país, pasaron por procesos de privatización cuyos efectos se extenderían mucho más allá de aquella década.

La decisión respondía a problemas financieros concretos. Mexicana había vuelto al control gubernamental tras enfrentar un fuerte endeudamiento; Aeroméxico también requería una profunda reestructuración. Para el Estado, venderlas significaba reducir su carga financiera y dejar en manos privadas la inversión, la modernización y la administración de ambas aerolíneas.

Pero una aerolínea representa más que sus balances. Aeroméxico y Mexicana conectaban ciudades y destinos dentro y fuera del país. Para las agencias de viajes eran herramientas de trabajo indispensables; para los pasajeros, la posibilidad de visitar a sus familias, hacer negocios o conocer nuevos lugares. De su operación dependían también empleos y buena parte de la actividad turística de las regiones a las que volaban.

La llegada de capital privado abrió otra etapa para el mercado aéreo mexicano. Con el tiempo quedó claro, sin embargo, que un cambio de propietario no resolvía por sí solo los problemas de fondo. En los años noventa, ambas compañías volvieron a quedar bajo control público a través de Cintra. Más adelante, Mexicana fue vendida nuevamente en 2005 y Aeroméxico en 2007.

Sus caminos terminaron por separarse. Aeroméxico continuó operando, mientras que la antigua Mexicana suspendió sus vuelos en 2010. La marca regresó a los cielos en 2023 con una nueva aerolínea del Estado mexicano, distinta de la empresa que había dejado de volar trece años antes.

Vale la pena mirar esa historia sin reducirla a una elección entre lo público y lo privado. La pregunta es qué condiciones necesita una aerolínea para mantenerse, competir y prestar un servicio confiable durante décadas. La inversión es indispensable, pero también lo son reglas claras, una operación financieramente sana y una visión de largo plazo para la conectividad del país.

Las agencias de viajes necesitamos aerolíneas en las que podamos confiar, tarifas competitivas y rutas suficientes para atender a nuestros pasajeros. Los viajeros necesitan opciones, buen servicio y precios que les permitan seguir volando. Y los destinos requieren conexiones estables para sostener la actividad de hoteles, restaurantes, operadores y muchos otros negocios.

¿Qué aprendimos, entonces, de las decisiones tomadas hace más de tres décadas? Que la aviación no puede evaluarse únicamente por el costo que representa para el Estado o por los resultados financieros de una empresa. También hay que medir lo que ocurre cuando se abre, se mantiene o se pierde una ruta, y a quiénes afecta cada decisión.

Una política aérea debe aspirar a empresas fuertes y competitivas, capaces de crecer sin perder de vista su función económica y social. Porque cuando una aerolínea opera de manera sostenible, también pueden crecer los destinos, las agencias y los empleos turísticos. Al centro de cualquier decisión debe permanecer quien finalmente utiliza el servicio: el pasajero.

Con mis saludos de siempre.