Las empresas, contratistas y proveedores que participan en operaciones con recursos públicos también tienen responsabilidad en el combate a la corrupción, por lo que fortalecer sus controles internos, mecanismos de cumplimiento e integridad será cada vez más relevante para quienes mantienen relaciones comerciales con los distintos niveles de gobierno.

El planteamiento cobra especial interés para sectores como el turístico, donde empresas privadas participan de manera recurrente en contratos, licitaciones, prestación de servicios, promoción, infraestructura y proyectos desarrollados con recursos públicos.

Durante un encuentro con empresarios de COPARMEX Ciudad de México, Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), puso sobre la mesa la necesidad de modificar el actual modelo de fiscalización para que las irregularidades detectadas puedan traducirse efectivamente en responsabilidades y sanciones.

La ASF tiene facultades para fiscalizar recursos públicos federales, incluso cuando éstos son administrados, manejados o ejercidos por personas físicas o morales, públicas o privadas.

Hernández Palacios Cardel advirtió que el problema de la corrupción no corresponde exclusivamente a los servidores públicos, ya que también puede involucrar a empresas, contratistas, proveedores, intermediarios y particulares.

De ahí que el sector privado deba fortalecer sus propios mecanismos de prevención, sistemas de cumplimiento, controles internos y protocolos de integridad para reducir riesgos en sus operaciones y en su relación con instituciones gubernamentales.

Para la industria turística, el tema adquiere relevancia por la interacción permanente entre los sectores público y privado en áreas que van desde promoción de destinos y organización de eventos hasta construcción de infraestructura, prestación de servicios y contratación de proveedores.

ASF pide mayores facultades

Durante la conferencia magistral “Impulsando un Nuevo Modelo de Fiscalización”, celebrada ante más de un centenar de empresarios, Hernández Palacios Cardel planteó una reforma constitucional que otorgue mayores facultades y herramientas de actuación a la ASF.

El objetivo, explicó, es evitar que las auditorías concluyan únicamente en observaciones o que los procedimientos se prolonguen durante años sin llegar necesariamente a una sanción.

El titular de la ASF dimensionó el problema con una cifra: de aproximadamente 2 mil 200 casos graves de corrupción registrados durante un periodo de diez años, sólo 30 han sido fallados, de acuerdo con los datos que presentó durante la reunión empresarial.

“Nos piden dar resultados, luchar en contra de la corrupción, pero cuando volteas a ver qué es lo que hay atrás, pues es un esquema de simulación creado para que no pase nada”, afirmó.

Hernández Palacios Cardel consideró que el entramado jurídico actual debe revisarse para permitir que las investigaciones avancen hacia responsabilidades efectivas y no permanezcan durante años dentro de procedimientos administrativos y judiciales.

El funcionario recordó que en 2016 se impulsó la reforma que dio origen al actual Sistema Nacional Anticorrupción, después de diversos casos que colocaron el problema en el centro de la discusión pública. A una década de distancia, sostuvo que es necesario revisar su funcionamiento y modificar de fondo el modelo de fiscalización.

El sector privado también tiene tarea

Uno de los mensajes dirigidos directamente al empresariado fue que la prevención no puede descansar únicamente en las instituciones gubernamentales.

Las compañías que mantienen relaciones contractuales con el sector público requieren mecanismos que permitan identificar riesgos y prevenir prácticas irregulares desde sus propias estructuras.

En este sentido, la corresponsabilidad entre autoridades, empresas y sociedad fue planteada como una de las condiciones necesarias para cerrar espacios a prácticas de corrupción.

La ASF cuenta actualmente con mecanismos específicos para que las empresas denuncien irregularidades relacionadas con sus procesos de contratación con el sector público.

Por su parte, COPARMEX Ciudad de México señaló que la cultura de legalidad, transparencia, rendición de cuentas e integridad debe extenderse tanto al ámbito público como al privado.

En la reunión participaron también Arely Gómez González, asesora Compliance de la ASF; Adalberto Ortiz Ávalos, presidente de COPARMEX Ciudad de México; Alejandro Kuri Pheres, vicepresidente de Relaciones con Gobierno del organismo empresarial, y Jorge Antonio Serio Salomón, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, entre otros representantes empresariales.