El cierre de Magnicharters habría dejado pérdidas superiores a los mil 34 millones de pesos entre las agencias de viajes, una afectación que continúa creciendo en plena temporada alta y que, hasta ahora, no ha encontrado una respuesta contundente de las autoridades, advirtió Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR).

De acuerdo con el dirigente, alrededor del 60 por ciento de las agencias de viajes ha resultado perjudicado por la suspensión de operaciones de la aerolínea, debido a los boletos, paquetes y servicios comercializados con anticipación para los meses de julio y agosto.

Hernández estimó que la afectación aumenta diariamente en 12 millones 600 mil pesos, debido a que Magnicharters habría vendido buena parte de la temporada alta antes de dejar de operar.

“Estamos hablando de mil 34 millones de pesos hasta la fecha y se va a seguir acumulando, porque Magnicharters vendió toda la temporada alta de julio y agosto”, declaró. 

En entrevista con Pasillo Turístico, realizada con motivo del Día del Agente de Viajes, el presidente de FEMATUR dio a conocer estas cifras. No obstante, hasta ahora no se ha hecho público un desglose independiente que permita conocer cuántas agencias, pasajeros y operaciones sustentan el monto referido.

Más allá de las pérdidas económicas, Hernández cuestionó la falta de una postura pública de las autoridades federales y estatales ante el cierre de la compañía. Afirmó que, pese a la magnitud del daño denunciado por las agencias, no ha observado una intervención oficial dirigida a obligar a los responsables a responder por los recursos recibidos.

El dirigente fue más lejos y calificó lo ocurrido como un posible fraude, por lo que exigió que las instancias correspondientes investiguen el caso y determinen las responsabilidades legales.

“Se necesita que la autoridad intervenga para requerirlos, para obligarlos a que respondan, porque yo no he visto una autoridad ni estatal ni federal que se pronuncie por el cierre de Magnicharters”, señaló. 

El reclamo de FEMATUR expone nuevamente uno de los principales riesgos que enfrentan las agencias de viajes: aunque funcionan como intermediarias entre los proveedores y el consumidor, cuando una aerolínea deja de operar suelen quedar obligadas a atender al pasajero, gestionar devoluciones y enfrentar reclamaciones por recursos que ya fueron entregados al prestador del servicio.

Ante esta vulnerabilidad, Hernández propuso crear un fondo de protección contra quiebras o cierres de líneas aéreas, con aportaciones de las propias compañías que se mantienen en operación.

El mecanismo tendría como finalidad responder ante interrupciones repentinas, proteger los recursos de los viajeros y evitar que las agencias absorban pérdidas que no provocaron.

“Cierran de la noche a la mañana y nos dejan la deuda tanto a los agentes de viajes como también a los pasajeros”, sostuvo. 

La propuesta obligaría a definir reglas claras sobre la administración del fondo, el porcentaje de aportación de cada aerolínea, las condiciones para activar los recursos y el orden en que serían compensados pasajeros, agencias y otros acreedores.

También requeriría la participación de las autoridades aeronáuticas, turísticas, financieras y de protección al consumidor, pues actualmente no existe un instrumento específico que garantice la recuperación inmediata de los recursos cuando una compañía aérea suspende operaciones.

Para Hernández, la crisis de Magnicharters no debe tratarse como un episodio aislado. Recordó que cada cierre de una aerolínea vuelve a colocar a los agentes de viajes y a los consumidores en una situación de indefensión.

Aunque constantemente se reconoce a las agencias como socias comerciales y parte fundamental de la cadena turística, acusó que ese discurso no se traduce en respaldo cuando enfrentan una crisis.

“Se dice que somos el punto medular, que somos los socios comerciales, que somos amigos, pero en los hechos no pasa nada”, reclamó.

La exigencia de FEMATUR coloca ahora la responsabilidad sobre las autoridades: investigar el destino de los recursos, informar con precisión el número de afectados y determinar si México necesita finalmente un esquema obligatorio de protección que impida que el siguiente cierre de una aerolínea vuelva a ser pagado por pasajeros y agencias de viajes.